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¿A quién le interesa invertir en servicios sociales?

Alberto Etxeandia 29/05/2013

La recesión económica puede suponer la retirada de entidades con una clara finalidad de lucro de la prestación de servicios sociales. Si ésto ocurriera, ¿qué modelo de organización va a soportalos?

La evolución de la propia sociedad y las nuevas demandas que ha ido generando ha dado lugar a la emergencia de los servicios sociales cuya finalidad es la de garantizar la atención de las necesidades que se observan y prevenir la desigualdad en la ciudadanía.

Las administraciones públicas han comprendido que, con diferentes visiones en función de su ideología, deben atender esta realidad. En este sentido, han cubierto, con diferente amplitud de oferta, algunas de las situaciones que se generaban.

Esta cobertura se ha desplegado tanto a través de la propia acción de los organismos públicos como a través del apoyo y financiación a entidades con carácter privado a las que subrogaban estos servicios de cobertura pública.

En los últimos años, en una época de crecimiento económico, la capacidad recaudatoria de las administraciones ha posibilitado la dedicación de importantes recursos a esta materia. Y la existencia de estos recursos ha atraído y ha hecho aflorar la aparición de numerosas organizaciones que deseaban cubrir esta demanda.

Así, grandes conglomerados de empresas del sector de servicios han visto en el segmento de los servicios sociales una oportunidad de desarrollo más allá de sus actividades tradicionales y han accedido a su prestación en ámbitos geográficos dispersos. La búsqueda de un beneficio económico a su acción, a partir de una eficiencia superior, ha supuesto un elemento fundamental en su decisión.

Esta tipología de empresas ha convivido con otras de carácter local, más fundamentadas en el concepto de salvaguarda y apoyo de lo comunitario, con una orientación no basada en el lucro pero sí en la generación de soporte económico para su sostenibilidad en el tiempo. Sus modelos jurídicos son variados: fundaciones, asociaciones, organizaciones de iniciativa social, etc.

Pero el contexto ha cambiado de forma radical. Las dificultades de recaudación pública va a tener consecuencias también en la oferta de servicios sociales. Pueden alumbrarse diferentes hipótesis que transitan entre la reducción de la cartera de los servicios que las instituciones entiendan que son de su responsabilidad (menor abanico de oferta, reducción del nivel de cobertura de los servicios que se mantengan, nuevas demandas no cubiertas, etc.) y el repetido mensaje de la necesaria mejora de la eficacia (como forma de adaptación a la presumible reducción de los apoyos por la prestación de los servicios).

Y en este contexto surge una pregunta, ¿cómo se va a configurar el sector de  los prestadores de servicios por cuenta de la administración?, ¿qué tipología de organizaciones va a cubrir las oferta?.

También se pueden lanzar unas hipótesis:

  • La presencia de organizaciones con ánimo de lucro tenderá a disminuir en un sector cuyas posibilidades de lucro disminuye, si es que alguna vez existió. Parece que invertir en el sector de los servicios sociales buscando una rentabilidad del capital invertido no va a resultar atractivo. Cabe la duda de si existirá alguna actividad productiva atractiva para el capital pero si la hubiera no va a ser la prestación de servicios sociales
  • La administración, dependiendo de su comprensión del sentido de la acción institucional (garante, financiador, prestador ..), va a mantener una presencia como ofertante directa pero sin duda no alcanzará los volúmenes de otro tipo de servicios educativos o sanitarios para la ciudadanía

Las organizaciones sin ánimo de lucro movidas por su orientación social y al mismo tiempo generadoras y mantenedoras de empleo para sus componentes, tienen ante ellas el reto de sostenimiento del sistema. Y para ello deben entender de modo prioritario la necesidad de su transformación hacia un equilibrio entre su orientación social y la gestión y dinámicas organizativas que demanda.

En este impulso resulta clave el papel que las propias instituciones deben desempeñar en apoyar esta evolución ya que, de algún modo, la supervivencia de los niveles de cobertura del pasado está en juego.

Y este papel de la administración conectada con su territorio va a exigir:

  • Una clarificación de la política que favorezca a este tipo de organizaciones frente a otras opciones mercantilistas
  • Un despliegue de espacios de reflexión y acción que permita a estas organizaciones migrar hacia modelos jurídicos y organizativos que les posibilite construir su futuro con mayor garantía
  • Una construcción conjunta continuada del abanico de servicios en los que debe priorizarse la acción institucional para responder a las situaciones de mayor desigualdad


Encontrarás más artículos de Alberto Etxeandia en este blog y en el espacio de artículos publicados

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